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Las cooperativas y los impuestos

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Carlos Molina Camacho

Nuestra Constitución Nacional contiene varios artículos en los cuales se expresa la firme determinación de fomentar las cooperativas, bajo sus distintas modalidades. Así, por ejemplo el articulo 70 dispone que “Son medios de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía…en lo social y económico las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero…”

El art. 118 de la misma establece: “Se reconoce el derecho de los trabajadores así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas….Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica de conformidad con la ley……El Estado promoverá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa”.

Por su parte el art. 308 de la ley fundamental que nos rige, deja muy claro que “El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas…...”.

Por tales razones la vigente Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (G.O. 37.285 del 18 09 2001) en el encabezamiento de su articulo 89, dice así: “El Estado, mediante los organismos competentes, realizará la promoción de las cooperativas por medio de los siguientes mecanismos: ….11. La exención de impuestos nacionales directos, tasas, contribuciones especiales y derechos registrales en los términos previstos en la ley de la materia…...”

En noviembre del 2014 se reformó la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde se eliminó la exención de que gozaban las cooperativas. El argumento cardinal esgrimido por los funcionarios del Seniat es que se han legalizado muchas cooperativas que disfrutan de ese beneficio sin ser auténticas. Al suprimirse la exención se perjudica a todo el movimiento cooperativo nacional, que no tiene la responsabilidad de que el Estado haya permitido la legalización de infinidad de cooperativas “de maletín” que recibieron abultados créditos y que poco después de su formalización como tales desaparecieron.

Según el especialista patrio Prof Oscar Bastidas Delgado (UCV), se creó en el país el más grande cementerio cooperativo del mundo. Decenas de miles de estas falsas cooperativas se aprovecharon del dinero recibido del Estado en calidad de préstamo e hicieron mutis. Las falsas cooperativas deberían ser canceladas (su inscripción) por la Superintendencia Nacional de Cooperativas por no operar conforme a los principios y valores del cooperativismo consagrados en la citada ley. No es culpa de las cooperativas auténticas si eso no se ha realizado.

Lo que no ha debido hacerse es castigar a las auténticas suprimiendo la exención legal y desconociendo las disposiciones constitucionales mencionadas-

Las verdaderas cooperativas no persiguen fines de lucro, según Luis Delgado Bello, ex Superintendente Nac de Cooperativas, y no tienen rentas que daban ser pechadas. Si hay diferencias entre los ingresos y los egresos en las cooperativas, que se denominan excedentes (art. 54 de la ley), se devuelven a los asociados en proporción a los servicios recibidos de la empresa cooperativa, y otra parte va a alimentar los fondos obligatorios. En otras palabras, ninguna cooperativa auténtica, sea para producir bienes o servicios o para adquirir estos, genera renta que debe ser objeto del pago de impuesto.

Si se mantiene ese exabrupto jurídico van a disolverse miles de cooperativas que están ayudando a los venezolanos en esta gravísima crisis que atravesamos a comprar alimentos, así como otros bienes y servicios, a precios mucho más bajos (por ej., servicios funerarios). Se cerrarán las clínicas cooperativas que se han organizado.

En relación al servicio funerario habría que recordar que en los últimos 47 años se ha consolidado una red de agencias propias del mov. Cooperativo que protegen a 680.000 personas, a través de 52 agencias funerarias, con un promedio anual de 20.000 entierros, a nivel nacional

Con ese injusto impuesto, según Carmen Catalano, destacada dirigente del movimiento cooperativo, “desaparecerá la red de fondos comunitarios de ahorro y crédito, que agrupa a 420.000 asociados en el país”. Esos fondos, conforme a esta opinión, han sido la fuente de financiamiento de más de un millón de préstamos en los últimos diez años para las más diversas necesidades de los cooperativistas.

Las Ferias de Consumo de las cooperativas, en el occidente del país, distribuyen semanalmente más de 550 toneladas de productos agrícolas, atendiendo a más de 70.000 familias cada semana. Desaparecerían los centros integrales de salud, ambulatorios, farmacias, unidades de odontología, que en el último año han realizado más de 2 millones y medio de consultas, 10.000 hospitalizaciones, 500 operaciones y 250.000 tratamientos médicos alternativos.

Representantes del movimiento cooperativo nacional acudieron al TSJ, acompañados por el abogado Alberto Blanco-Uribe, para solicitar la nulidad de la norma del ISLR que obliga a las cooperativas a pagar impuestos. Tiene la palabra el máximo Tribunal del país.

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(Marzo del 2016)

 

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